El próximo 28 de mayo los ciudadanos elegiremos a las personas que nos representarán a nivel local. Es un momento importante, en el que se nos invita a tomar parte en la vida de nuestros municipios, donde desarrollamos nuestras vidas junto a las personas que nos importan. El ámbito municipal es un espacio privilegiado para la participación y el compromiso con el bien común, pese a que, con frecuencia, sus políticas están condicionadas por decisiones que se adoptan en otros niveles políticos, más alejados de los ciudadanos.
Ante el fin de esta legislatura hay que agradecer la labor de tantos alcaldes y concejales que, durante estos últimos cuatro años, han dado lo mejor de sí en unos momentos tan difíciles como la pandemia del Covid 19, la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas y sociales que han generado. La mayoría se han puesto en primera fila para intentar dar respuesta desde sus posibilidades, demostrando una actitud de servicio que ha ennoblecido la clase política -tantas veces y tan injustamente denostada- al ejercerla como una forma de amar.
El periodo de elaboración de los programas y propuestas electorales también es un momento de escucha. Desde Cáritas Burgos, como Iglesia, y desde las diversas entidades del tercer sector, tenemos la obligación de exigir que la acción política busque defender el bien común y los derechos humanos de todos, y principalmente de quienes se encuentran excluidos de la sociedad.
PROCEDIMIENTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Las autoridades locales deben flexibilizar y simplificar sus procesos administrativos, eliminando la excesiva burocratización e implementando medidas para luchar contra la brecha digital, que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los ciudadanos deberían poder optar entre la atención telemática y la presencial, garantizando además la posibilidad de concertar una cita en un plazo razonable, dado que las competencias digitales son desiguales.
Estas medidas de simplificación administrativa deben ir encaminadas no solo a mejorar la atención a la ciudadanía, también a promover una mejor coordinación y participación de las entidades sociales con las autoridades a la hora de ofrecer unos servicios públicos de calidad. Por ejemplo, es relevante para la población en riesgo de exclusión la dificultad para acceder o modificar los datos del padrón municipal, puesto que supone en muchos casos un requisito indispensable para ejercer muchos otros derechos, como el de la asistencia sanitaria o la percepción de determinadas prestaciones.
Las autoridades municipales deben fomentar políticas de gobernanza real en donde todas las personas, incluidas aquellas que están en riesgo de exclusión social tengan la oportunidad de verse representadas en los asuntos que son de su interés o que les afectan. Los ayuntamientos y municipios deben garantizar que la ciudadanía se involucre en los procesos participativos y para ello, es primordial que la información llegue a todas las personas de una forma clara y accesible.
VIVIENDA
La adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social a través del aumento del stock total de vivienda social.
Para hacer posible su efectividad, ha de procederse a la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler; considerándola como equipamiento público y para ello, reservando importantes porcentajes de suelo con uso dotacional. Dentro de estos parques de vivienda ha de contenerse escalas suficientes de vivienda social para personas y familias vulnerables (sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido), contemplando también el posible uso compartido.
En los municipios que cuenten con plan de vivienda, se solicita priorizar las medidas que tengan como beneficiarios a personas en riesgo de exclusión social, por una parte y, por otra, fijar unos criterios de adjudicación que sean conocidos por las entidades del Tercer Sector para cumplir con las exigencias de participación y transparencia. Por último, se propone que exista en todos los municipios, según su tamaño, un cupo de viviendas sociales de emergencia, de carácter temporal y cuyos destinatarios sean personas o familias en riesgo de exclusión social, con independencia de su situación administrativa.
AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD
Por su propio carácter, se debe garantizar que estas ayudas se conceden en los plazos y cuantías suficientes para que cumplan con su propósito. Sería conveniente analizar, además, si su cobertura se adecúa a la realidad social de cada núcleo, y si la administración local dispone de suficiente personal para que su tramitación no se vea retrasada u obstaculizada.
MIGRANTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR
Desde la perspectiva de derechos, se debe extender la cobertura social a todas las personas, sea cual sea su estatus jurídico, reconociendo que la dignidad no puede depender de la situación administrativa. Hasta donde sea posible dentro de las competencias locales, migrantes y personas en situación irregular deben ver garantizado su derecho a llevar una vida digna, a la educación y la formación, a la formación ocupacional y para el empleo, a la protección y la seguridad.
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Impulso de las políticas de inclusión en la contratación pública municipal o provincial y de incentivos fiscales. Las corporaciones locales y diputaciones deben favorecer la adopción de una política más ambiciosa de contratación pública socialmente responsable que incluya las cláusulas sociales de oficio y por defecto en todas las convocatorias que se lleven a cabo.
Asimismo, es importante potenciar las políticas de promoción del empleo a nivel local cuyos objetivos sean aumentar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, crear empleo de calidad, aumentar la tasa de empleo a nivel municipal, mejorar la capacidad de inserción profesional y reducir las desigualdades con respecto al mercado de trabajo, entre otras cuestiones.
TRABAJO CONJUNTO CON EL TERCER SECTOR
En la lucha contra la exclusión es fundamental que la sociedad civil y las administraciones públicas acometan sus propias responsabilidades. La colaboración entre las entidades sociales y los ayuntamientos y diputaciones, que ha permitido mejoras en la integración de las personas más necesitadas, debe ir adaptándose también a los cambios que se producen. En concreto, la financiación de determinados programas tendría que ser objeto de una revisión y reevaluación profundas. La generosidad presupuestaria en servicios e infraestructuras dirigidos a la población en general no siempre va a acompañada de un interés similar por los más desfavorecidos.
SOLEDAD NO DESEADA
Es importante que las administraciones desarrollen estrategias de lucha contra la soledad no deseada y contra la exclusión y desigualdad que esta genera, especialmente entre las personas más vulnerables. Estas estrategias deben contribuir a disminuir la soledad que afecta especialmente a las personas mayores, pero también a las personas jóvenes a través del fortalecimiento de las redes de apoyo, la sensibilización a la ciudadanía, la detección de riesgos y la intervención sobre la soledad y sus consecuencias, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de las competencias que le son propias a la administración local y provincial, proponemos adoptar una perspectiva no solo asistencial, también de prevención y detección, sobre todo en el caso de las personas de edad más avanzada, con dificultades motoras u otros condicionantes.
ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
El ocio y el tiempo libre son dos aspectos fundamentales en el desarrollo de las personas, y también integran. Pese a que la oferta suele ser abundante, y en muchos casos ya se contemplan, por ejemplo, exenciones en determinadas tasas para personas vulnerables, es preciso que, desde las administraciones, se apueste por fomentar la práctica deportiva entre menores y adultos, por el acceso a la cultura y por el derecho al ocio en condiciones de igualdad.
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