El capítulo III del Informe Foessa trata de acercarnos a la evolución de la exclusión en España. Según el informe vivimos en una sociedad en la que la integración se asienta sobre unas bases más débiles y la exclusión se enquista en la estructura social. La desigualdad avanza entre los jóvenes más expuestos y los mayores más protegidos, generando un nuevo freno a la movilidad social. En estos momentos se está recuperando la integración plena  (48’4 % de la población) y se enquista la exclusión severa (8’8%). La exclusión social, con respecto al momento anterior de la crisis, avanza como una manifestación de la desigualdad intergeneracional (afecta a un 18’4% de la población frente al 16’6 del año 2007).

 

Desde el punto de vista territorial se consolida el eje sur-mediterráneo en la exclusión social: las comunidades autónomas con mayores tasas se encuentran en este eje. Castilla y León está por debajo de la media (15’3 %).

 

La vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se convierte en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes. Se constata que el haber tenido acceso a la compra de una vivienda marca la diferencia en términos de exclusión social. Una vivienda digna se está convirtiendo en un derecho humano inaccesible. La inseguridad y la inadecuación de la vivienda demuestran una importante fragilidad residencial.

 

El desempleo es también una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en la temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. Hoy trabajar no te garantiza una supervivencia digna.

 

Las personas con bajos ingresos y en exclusión participan menos en los procesos electorales, registrándose una alta abstención en los barrios más desfavorecidos, y constituyendo un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación, lo que provoca que la voz de los excluidos desaparezca de los procesos electorales y cuestiona la calidad de nuestra democracia.

 

Se consolida la mayor exposición de las familias con niños y de la juventud a la exclusión social, constituyéndose riesgos relacionados con: la etapa de la crianza de las familias, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración de proyectos vitales independientes.

 

Las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social, destacando la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, el mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.

 

La desigualdad generada por el acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública refuerza el carácter exclusógeno de la dimensión de la salud, con una especial incidencia entre las personas con discapacidad.

 

Por último, las familias presentan cicatrices generadas por los años de crisis y siguen aplicando estrategias que les permitan la supervivencia cotidiana. Su acción se centra en la reducción de gastos y en pedir ayuda. Las políticas de protección social no están sabiendo adaptarse al nuevo contexto social y laboral. Es urgente y necesaria una intervención intensiva y multidimensional con las familias que peor están.

 

Para conocer más: https://www.foessa.es/capitulos/capitulo3/

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