Las políticas sociales aplicadas por los Estados de bienestar europeos durante el período 2008-2018 han sido dirigidas a la reducción del déficit público y de la deuda soberana y, secundariamente, a paliar y prevenir los efectos del paro, de la pobreza y de la exclusión social. La política social no es neutra. La crisis supuso subordinar las políticas sociales a las exigencias del pago de la deuda soberana. Hoy es prioritaria la reconstrucción de la Dimensión Social de la UE, y en ella es crucial el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales.

La crisis económica que se inicia en 2008 ha agrupado a los cuatro países del Sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia), al cancelar las pautas de cambio que se observaban, tanto en crecimiento del gasto social como en convergencia de indicadores sociales con los países más desarrollados de Europa. La enorme dependencia de los modelos productivos del Sur de Europa de las fases expansivas de los ciclos económicos, termina impidiendo la consolidación de sus sistemas de bienestar.

El Estado de bienestar español se puede calificar como “low cost”: bajos niveles de ingresos públicos y una preferencia relativa por el “gasto social compensador”. El crecimiento del gasto en sanidad, educación y dependencia entre 2014 y 2017, periodo que podemos denominar de postcrisis, no ha sido suficiente para recuperar la senda de gasto perdida durante los años previos. Nuestras políticas sociales no se han adaptado a la evolución de los viejos riesgos sociales y a la aparición de los nuevos.

Las políticas sociales en los servicios esenciales y prestaciones económicas se han ido recuperando muy lentamente y de manera desigual, teniendo un comportamiento diferencial, tanto de forma global como dentro de cada subsector de actividad. Los servicios públicos fundamentales han sufrido acusados recortes (caso de educación, sanidad, dependencia) que han afectado a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los servicios a las situaciones de necesidad.

El tercer sector de Acción Social de España, consolidado y maduro como ya es, puede y debe hacer compatible su vocación prestadora de servicios y su función reivindicativa.

El pacto intergeneracional implícito, que está en la base del sistema de bienestar, a pesar de resultar conflictivo tiende a mantenerse. Necesitaríamos entender que la Solidaridad Intergeneracional es un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos y privados que moviliza una sociedad para garantizar la transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad. La construcción de esta solidaridad intergeneracional se estructura en torno a tres actores: la familia, el Estado de bienestar y la sociedad civil.

La hipótesis de que las crisis traen un desgaste en el apoyo al Estado de bienestar no se verifica para el caso español. Más que antes se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo.

El pacto sobre Solidaridad Intergeneracional, como con el conjunto del Estado de bienestar, es sostenible económicamente, pero para ello hay que consolidar dos procesos, uno de reforma del modelo fiscal y otro de resignificación cultural de la fiscalidad.

 

Si quieres saber más: https://www.foessa.es/capitulos/capitulo4/

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