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Texto: Carmen Mendieta / Imagen: Valdivielso (c) Diario de Burgos

La pandemia ha tocado a todos de una u otra forma pero, especialmente, a los más vulnerables al partir de una situación cronificada. Lo saben bien los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales o de Cáritas, que a diario ven situaciones de familias o personas que a duras penas pueden afrontar los gastos para subsistir dignamente y llegar a fin de mes. 

La renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas son un importante apoyo en estos caso pero cualquier imprevisto, como puede ser la subida del precio de la luz o el alquiler de vivienda, puede desequilibrar sus maltrechas economías. Desde Cáritas se está constando que el aumento de los costes de estos servicios considerados básicos también está repercutiendo en familias que tienen trabajo. «Durante el verano han aumentado las contrataciones pero en muchos casos son empleos precarios y temporales, de modo que algunas familias siguen necesitando nuestro apoyo por el encarecimiento de los suministros y el precio de la vivienda», aseguró María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas. 

En este sentido, reconoce que el sector industrial ha sido determinante para mantener una clase media pero ahora muchos contratos se realizan a través de ETT (empresas de trabajo temporal) y no son fijos, lo que genera sueldos más bajos. Lo mismo sucede en el ámbito de la hostelería. «La subida de los precios de la luz, el alquiler, la gasolina o la cesta de la compra afectan a todos pero a estas personas con sueldos muy precarios, mucho más y van a tener que seguir tirando de las ayudas sociales, dado que su capacidad de ahorro es nula», añadió.

Además de las ayudas de urgente necesidad que otorgan el Ayuntamiento o entidades como Cáritas, Gutiérrez demanda «medidas ágiles» por parte de las administraciones autonómica y estatal para paliar el problema de la subida de la luz o el gas pero especialmente el del alquiler. «Hay familias o personas que no pueden alquilar una casa al exigírseles tres meses de pago por adelantado y tener una nómina para un precio que ronda los 600 euros de media en Burgos. Se les está abocando al hacinamiento, a compartir o al realquiler», lamentó, al tiempo que mostró la preocupación por las familias más vulnerables o en situación administrativa irregular.

También reconoce que las personas que han accedido a ayudas puntuales durante la pandemia y han vuelto a su trabajo han normalizado su situación pero algunas de ellas necesitarán apoyos. «No acudirán a pedir alimentos a Cáritas pero quizás no van a poder pagar los libros de sus hijos en septiembre o la factura de gas durante los meses de invierno». 

La Junta concederá ayudas directa (130 euros) para pagar la luz destinada a familias vulnerables.

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