El descenso en la afiliación en Burgos ha sido constante en la última década. La elección de otros trabajos, la subida del SMI y la ausencia de contratos por voluntad de los empleadores son algunas de las razones que podrían explicar esta situación
La afiliación a la Seguridad Social de las empleadas de hogar suma ya una década de descenso ininterrumpido en la provincia de Burgos. Los datos muestran que desde 2016, cuando se registraron un total de 3.065 inscripciones, hasta 2025, con 2.051 prácticamente no ha habido un año en el que no se hayan sustraído afiliadas al sistema, es decir, que se han perdido más de mil en diez años, lo que supone una caída cercana al 33%. El retroceso no responde a un episodio puntual, sino a una secuencia continuada de descensos anuales.
Tras el máximo alcanzado en 2014 (3.081 afiliaciones) vinculado, como explica Nacho García, del servicio de Empleo de Cáritas, a la integración del trabajo doméstico en el Régimen General de la Seguridad Social que hizo aflorar mucho empleo sumergido, las cifras se estabilizaron durante un breve periodo para iniciar después una caída que hasta la fecha no ha logrado revertirse. Aquel cambio normativo supuso un importante salto en la provincia (de 1.806 afiliaciones en 2011 a 2.934 en 2012) y ni siquiera tras el impacto de la pandemia -que redujo el número de afiliaciones en 2020- se ha producido una recuperación sostenida: el ligero repunte de 2021 se vio que fue coyuntural y dio paso de nuevo a descensos en los años siguientes.
El perfil del sector apenas ha variado: se trata de una actividad altísimamente feminizada. En 2025, las mujeres, muchas de las cuales son migrantes, representan más del 97% de las afiliaciones (1.995 frente a 55 hombres), una proporción que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. La caída, por tanto, afecta de forma abrumadora a trabajadoras y lo saben bien en Cáritas, que ejerce como agencia de colocación sin ánimo de lucro con apoyo económico del Fondo Social Europeo y ha visto cómo ha descendido también el número de personas que buscan un empleo en este campo. El año pasado ayudó a la incorporación laboral en el campo doméstico a 129 personas en Burgos, 93 en Miranda de Ebro y 52 en Aranda de Duero.
Sobre las razones de que cada vez haya menos empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social, Nacho García apunta a que la mayor oferta de empleo de los últimos años en Burgos en el ámbito de la producción ha hecho que las opciones de quienes demandan un empleo se hayan diversificado y que las personas prefieran trabajar en una fábrica porque, en muchas ocasiones se trata de una actividad menos gravosa que la vinculada al cuidado de personas mayores. En este ámbito, además, no es infrecuente que el puesto se ofrezca ‘de interna’, es decir, que la trabajadora deba vivir en el mismo domicilio en el que trabaja, con lo que supone de pérdida de intimidad, entre otros gravámenes.
También puede estar vinculada esta caída de los números a que las personas migrantes, que son en un alto porcentaje las que demandan empleo en entidades como Cáritas, lleguen una mayor formación que hace unos años, lo que les permite a aspirar a otro tipo de empleos. Y, como indica García, está el asunto del sueldo. El salario mínimo interprofesional, que es el que cobran las empleadas de hogar (1.221 euros brutos más pagas extra), ha subido en los últimos años un importante porcentaje y esto hace que muchas familias consideren que es demasiado gravoso.
Un último hecho que podría explicarlo tiene que ver con la circunstancia de que a pesar de trabajar en una casa limpiando u ocupándose de alguna persona mayor o de niños no medie contrato. «El trabajo en negro existe aunque no sabemos que volumen tiene porque es obvio que no puede contabilizarse de forma certera. Sí que es cierto que nos encontramos con personas que nos piden alguna trabajadora pero que luego consideran que no pueden pagar lo que deben», añade García, que reconoce que le han hecho saber también de situaciones en las que la empleada se incorpora con la promesa de que le harán contrato «el próximo mes» y eso no ocurre nunca: «Por eso les dijo que si alguien comienza así una relación laboral lo más habitual es que no se llegue a formalizar nunca».
El jueves 26 de marzo tuvo lugar una concentración con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebró el lunes, en la que se leyeron varios textos personales y un manifiesto. Cáritas afirma que aunque se han producido algunos avances en el reconocimiento de sus derechos, como el preaviso para el despido, la prevención de riesgos laborales o la mejoría en las cotizaciones, estas mujeres «siguen expuestas a situaciones de abuso, invisibilización, precariedad, economía sumergida y vulneración de sus derechos, en gran medida por ese carácter especial derivado de las condiciones particulares en que se realiza la actividad laboral».
Para Silvia Escot, responsable de Empleo de la entidad, una de las situaciones más propensas a la falta de derechos es el de las trabajadoras internas, cuyo perfil «no está suficientemente reconocido». En el texto que leyeron las trabajadoras se pidió que el Estado garantice a las familias que lo precisen el acceso a los cuidados y apoyos a la contratación. A los empleadores se les exigió que garanticen condiciones decentes, «sin contribuir a la economía sumergida», y a la sociedad, que apueste por los cuidados y «que reconozca el valor de este sector y el de las personas que se ocupan en él».
Yuri Arias Rodríguez, de 54 años, y Stefany Ortega, de 34, fueron las encargadas de poner voz al colectivo. Ambas colombianas, de Neiva y Barranquilla, respectivamente, tienen tras de sí historias muy duras.
La primera es solicitante de asilo por el riesgo cierto que sufría en su país tras el asesinato de su padre. Eso le impulsó a venir a Burgos hace año y medio con su marido y su hija. La violencia también está presente en el periplo de Stefany Ortega, que en su ciudad tenía un negocio online de toallas bordadas y repostería por el terror a que uno presencial pudiera ser atacado. Lleva seis meses en Burgos y ya está incluida en el proceso de regularización de sus papeles que confía que concluya entre mayo y junio.
Yuri Arias trabaja como interna cuidando a dos personas mayores con contrato y alta en la Seguridad Social y dice que su situación es buena porque son «maravillosas» tanto ellas como sus hijos. «Los admiro como si fueran mi familia», afirma esta mujer, que antes de trabajar en una casa lo hizo en una residencia de ancianos cuyas dinámicas no le gustaron, entre otras cosas por tener demasiadas personas a su cargo: «Además, no me gustaba cómo trataban a los mayores». Stefany, por su parte, no puede aspirar a un contrato, porque aún no tiene regularizada su situación administrativa, por lo que echa algunas horas en distintas casas. Su sueño es poder replicar en Burgos ese emprendimiento en el que borda toallas y hace pasteles.
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