Hace unos días se aprobaba en el Consejo de Ministros del 29 de mayo el Real Decreto-Ley 20/2020 por el que se establece Ingreso Mínimo Vital. Se trata de una medida social que ha suscitado muchos comentarios, por lo que es importante conocerla en detalle.

Al final de este artículo puedes descargar el documento íntegro, del que extraemos algunas claves:

  • La pobreza en España es un problema estructural; nuestras tasas son superiores al promedio europeo, a pesar de la inversión pública, lo que significa que son necesarias nuevas medidas.
  • Con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), España se acercará a la media europea en porcentaje del PIB invertido en materia social, poniendo el foco en la erradicación de la pobreza extrema.
  • La mejor herramienta para erradicar la pobreza es el acceso a un trabajo digno. Sin embargo, este ideal no se hace realidad en las condiciones laborales de muchos empleos actuales (cfr. Caritas in Veritate 63), por los bajos salarios, la parcialidad, la temporalidad… Para que el trabajo conlleve una realización personal, contribuya a la construcción de la vida social y política y colabore con el plan de Dios para la humanidad es imprescindible que sea digno.
  • Cáritas lleva muchos años reclamando una medida de este tipo, que armonice y fije un mínimo para todas las autonomías, fomentando la igualdad entre territorios. Es positivo, además, que se considere un derecho, y que vaya acompañado de un proceso de integración social.
  • Como requisitos, el IMV exige que el perceptor no supere un umbral determinado de renta, tenga entre 23 y 65 años y al menos un año de residencia legal en España.
  • Entre las debilidades del Real Decreto, se puede señalar que deja fuera a personas mayores de 18 años y menores de 23, a aquellos en situación administrativa irregular y a los mayores de 65 años, que a juicio de Cáritas deberían estar incluidos. Además, algunas exigencias burocráticas (la obligación de estar empadronado) y la complejidad en la forma de solicitarlo podrían limitar su alcance, dependiendo del desarrollo normativo.

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